En Chile, la pensión de alimentos es un derecho fundamental de los hijos y una obligación legal para los padres. Sin embargo, el incumplimiento del pago es un problema recurrente que afecta la estabilidad económica de muchos hogares. Para combatir esta situación, se promulgó la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que refuerza los mecanismos de cobro y endurece las sanciones contra los deudores.
En este artículo, analizaremos cómo afecta esta ley a quienes no cumplen con el pago de la pensión de alimentos, los mecanismos de cumplimiento, y las actualizaciones vigentes en 2025.
La Ley de Responsabilidad Parental fue promulgada el 31 de agosto de 2022 y publicada en el Diario Oficial el 7 de septiembre de 2022. Su entrada en vigor se produjo el 20 de mayo de 2023. Esta normativa busca garantizar el pago oportuno de la pensión de alimentos mediante retenciones automáticas de fondos y sanciones a los deudores morosos.
Si un deudor acumula tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos sin pagar la pensión, el tribunal puede aplicar medidas de cobro forzoso y sanciones legales.
El tribunal puede ordenar la retención automática de dinero desde:
Si el deudor no tiene fondos en cuentas bancarias, se pueden aplicar otras medidas coercitivas, como el embargo de bienes.
En caso de no disponer de fondos en cuentas bancarias, se puede solicitar el embargo de bienes, tales como:
A partir del 1 de enero de 2025, se ha establecido una actualización en los montos de la pensión de alimentos para ajustarse a la inflación y garantizar el poder adquisitivo de las mismas.
Este ajuste permitirá que las pensiones de alimentos aumenten de acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), asegurando que los beneficiarios reciban una cantidad justa acorde a las condiciones económicas del país.
La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos es una herramienta clave para garantizar que los menores reciban la pensión que les corresponde. Gracias a sus mecanismos de retención automática y sanciones más estrictas, se reduce la impunidad de los deudores y se prioriza el bienestar de los hijos.
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